El derecho de participación en las actuaciones administrativas fue abordado por la corte constitu­cional en la sentencia que decla­ró inconstitucional la resolución del CPJ que aprobó el reglamento sobre el re­gistro de los actos notariales.

Es de opinión que la Administración debe instar a expresar sus opiniones, a través de audiencias o consultas, a quienes tengan in­terés, para que sirvan de fuente de informa­ción y puedan favorecer el acierto del acto administrativo, antes de ser adoptado, para que su eficacia no se vea disminuida.

El criterio que prevaleció es que esa actua­ción, propia de una administración dialogan­te, participativa y respetuosa con los ciuda­danos, resulta esencial para el actual Estado social y democrático de derecho en la Repú­blica Dominicana”. (TC-205-20).

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